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El dilema de la transparencia, en Voces Económicas

El dilema de la transparencia - Voces EconómicasEn Voces Económicas, el blog de MoraBanc, me han publicado un artículo titulado “El dilema de la transparencia” (también disponible en catalán), que recoge algunas reflexiones sobre la necesaria evolución hacia una sociedad en la que los procesos de gestión tienden cada vez más a desarrollarse en un entorno de transparencia cada vez más radical.

La transparencia es una condición que todos tendemos a valorar con una connotación positiva. Sin embargo, su desarrollo y puesta en práctica no es tan sencilla como parece: en muchos casos, la transparencia es utilizada precisamente para atacar al que la practica sacando información de contexto o interpretándola de manera interesada. En otras ocasiones, la transparencia se convierte en aparente enemiga de una gestión eficaz, dando lugar a discusiones eternas y a procesos de toma de decisiones mucho más largos y complejos.

El dilema de la transparencia es que a todos nos parece muy buena, pero mientras no la demos como una condición necesaria en áreas como los negocios y, por supuesto, la gestión pública, a la gran mayoría de los implicados les parece imposible llevarla a la práctica de manera eficiente.

He discutido este tema con un buen número de personas en el mundo de la gestión y la política, y en mi opinión, la única manera de dar salida a ese supuesto dilema es considerar la transparencia como algo completamente inevitable, como una demanda lógica en un entorno en el que la información circula cada vez con más facilidad y todos tenemos una rotativa o una cámara de televisión en el bolsillo. El buen funcionamiento de un sistema basado en la transparencia solo se obtiene cuando todas las partes implicadas han aceptado esa transparencia como inevitable, como una parte intrínseca del sistema y de los procesos de gestión. No es sencillo, pero no hay posibilidad de que se pueda caminar en otra dirección.

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¿Y ahora qué diablos va a pasar con el canon de AEDE?

Canon AEDELa pregunta no es retórica, sino necesaria: desde finales del año pasado, España cuenta en su Boletín Oficial del Estado con una ley de propiedad intelectual aprobada únicamente con los votos del Partido Popular, que afirma, entre otras muchas barbaridades, que el uso de enlaces y fragmentos de contenidos de medios de comunicación conllevará el pago de una tasa a los editores de estos medios, lo que convierte a España en el único país del mundo en el que el acto de enlazar a una página web puede conllevar un pago, y en protagonista de un auténtico ridículo internacional como único lugar del mundo en el que un servicio como Google News ha tenido que cerrar.

Sobre el canon en sí, poco se puede decir. La reforma llevada a cabo era, en realidad, un ejercicio de “legislación de laboratorio”, diseñada para favorecer a una serie de lobbies a cambio de un trato informativo más propicio al gobierno, y como tal, ha salido mal. Tan mal, que el fin de la ley era hacer que Google pagase fuese como fuese, y sencillamente, “ese pájaro ha volado”. Google, en el mismo momento en que se aprobó la ley, tomó la decisión de cerrar el producto por el cual pretendían hacerle pagar. La posición de Google es clara: por los enlaces no se paga, y si pretenden que pague, cojo la puerta y me voy. No es una cuestión de negocio o de pensar en un hipotético escenario en el que otros países se pusiesen a la cola reclamando un trato similar: es, según la compañía, una cuestión de principios, de defensa de la naturaleza de la red.

Gracias a las preguntas formuladas en el Parlamento Europeo por cuatro eurodiputados catalanes representando a grupos diferentes, @fjavilopez, @ernestmaragall, @ernesturtasun y @jmterricabras, , sabemos que la reforma de la ley de propiedad intelectual no cumplió adecuadamente con el trámite de informar a la Comisión Europea, dado que ocultó claramente ese artículo enviando para su estudio un borrador incompleto. En virtud de la respuesta de la Comisión Europea a esas preguntas, sabemos que la recomendación es, en caso de serle exigido algún pago por ese concepto a alguna empresa o particular, remitirse a los tribunales nacionales y negarse a aplicar ese reglamento técnico. Si unimos a este hecho el efecto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso BestWater, que afirma que “cuando el trabajo ya está disponible gratuitamente para todos los usuarios en otro sitio web con el permiso de los titulares de derechos de autor, este acto no puede ser calificado como comunicación al público”, parece claro que el canon AEDE ha nacido muerto, y tiene muy pocas posibilidades de ser reglamentado y llegar a ver la luz. 

Sin embargo, su efecto sí puede ser disuasorio: que el BOE afirme que enlazar conlleva un pago y que este puede ser exigido, además, con carácter retroactivo es un atentado a todo tipo de lógica, y potencialmente muy peligroso. Y la solución a algo así no puede ser, como solicita Google, “algún tipo de licencia gratuita para que el agregador pueda enlazar contenidos periodísticos“, porque eso supondría consolidar una “excepción” en la que Google no paga, pero otros podrían, en virtud de una hipotética aplicación de tan esperpéntica ley, tener que hacerlo. No, la solución ante un despropósito jurídico como este no es poner tiritas, sino directamente extirpar. Reconocer que la introducción del canon AEDE en la reforma de la ley de propiedad intelectual fue incorrecta, y eliminarlo sin paliativos. Mientras ese engendro legislativo siga ahí, España será un entorno de inseguridad jurídica en el que cualquiera que mantenga o emprenda un negocio basado en la información puede encontrarse de repente con sorpresas inesperadas. Un entorno en el que el lobby de los periódicos de papel puede en cualquier momento en el que se sienta amenazado – aunque esté cada vez más claro que la mayor amenaza a la que tiene que hacer frente viene de sí mismo y de sus propios directivos – puede reclamar algún tipo de supuestas “compensaciones”.

¿Cabe pensar en un escenario en el que el gobierno español eche marcha atrás y derogue una ley recién aprobada, o elimine uno de sus artículos más polémicos? Considerando la escasa operatividad del legislativo, claramente no. Sería sin duda la solución lógica, pero equivaldría a aceptar que se cometió un error, y sencillamente, no va a pasar. El canon AEDE se quedará ahí hasta que cambie el signo del gobierno, posiblemente más aún si el gobierno entrante no tiene una marcada sensibilidad con el tema, aunque posiblemente no llegue siquiera a ser reglamentado, porque intentar hacerlo operativo conllevaría un problema importante a cambio de beneficios potenciales más bien magros. El canon AEDE, como la ley Sinde,  se quedarán durante bastante tiempo en el BOE como auténticos monumentos conmemorativos de la gestión de uno de los políticos más incompetentes y que ha tenido nuestro país y del esperpento que puede llegar a ser que algunos lobbies de dinosaurios tengan acceso directo a la redacción de las leyes en tramitación, a reclamar favores al legislativo, al “¿qué hay de lo mío?”. Cada vez que oigas hablar del canon AEDE, del mucho dinero que las universidades van a tener que entregar a entidades de gestión de derechos, o en general, de una ley de propiedad intelectual reformada completamente a contracorriente del signo de los tiempos, piensa en él, y en lo que nos habríamos ahorrado si se hubiera dedicado a (casi) cualquier otra cosa.

Un monumento al tipo de cosas que nunca deberían ocurrir en una democracia que de verdad se preciase de serlo. Una auténtica vergüenza.

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Los medios de AEDE y los tiros que salen por la culata

"Simpatía por el débil": Por qué algunos periódicos no tienen éxito en su estrategia para frenar a Podemos - BolsamaniaRubén Folgado me envió un correo electrónico preguntándome sobre el efecto erosión (o no) que están teniendo algunas informaciones destacadas reiterativamente por medios AEDE sobre formaciones como Podemos, y ayer me citó brevemente en su artículo en Bolsamanía titulado “Simpatía por el débil: por qué algunos periódicos no tienen éxito en su estrategia para frenar a Podemos“.

A continuación, el texto completo con el que contesté a su correo:

 

En general, la credibilidad de los medios de AEDE está completamente bajo mínimos. Claramente, han optado en su mayoría por líneas editoriales que privilegian la opinión frente al verdadero periodismo, la “prédica a los fieles” frente a la información objetiva y la investigación. El alucinante episodio del canon AEDE, en el que la asociación ha prevaricado para obtener la aprobación de una ley absurda y de laboratorio que les beneficia económicamente a cambio de un tratamiento más favorable para las noticias referentes a la gestión del gobierno y ha admitido incluso la injerencia del gobierno en los cuadros directivos de varios medios supuestamente considerados como de referencia, ha terminado por resquebrajar la poca confianza que algunos lectores mantenían en los que eran sus periódicos “de toda la vida”. El tratamiento que algunos de esos periódicos dan a determinadas noticias es directamente un mal chiste, un compendio exhaustivo de todos los males del periodismo, que además son ridiculizados puntualmente cada mañana por numerosos usuarios en las redes sociales.

En este contexto, si el ciudadano percibe que determinadas informaciones son publicadas – y especialmente enfatizadas – con el fin de perjudicar a una formación política determinada, la reacción es precisamente la de dar a esa información una credibilidad escasa, lo que desnaturaliza completamente el tratamiento informativo o incluso provoca, en determinados segmentos de la población, una sensación de “solidaridad con el débil”, que se produce independientemente de la veracidad o no de dichas noticias. Las noticias son percibidas como un intento de intoxicación, como una manera infructuosa de generar un clima de opinión determinado, algo que, sencillamente, ya no está al alcance de esos medios. El resultado neto, en esos casos, puede perfectamente ser un beneficio en términos de popularidad para la formación afectada: mientras el hipotético desgaste se produce únicamente entre los lectores directos de esos medios, que claramente experimentan una evolución a la baja según todos los observatorios, el efecto de generación de “simpatía con el débil” puede afectar a una base cuantitativamente bastante mayor.

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España, sin conductor

España, sin conductor - Expansión (pdf)

Mi columna de esta semana en Expansión se titula “España, sin conductor” (pdf), y utiliza el caso del liderazgo en el desarrollo de la tecnología relacionada con el vehículo de conducción autónoma para ejemplificar hasta qué punto es importante que en nuestro país no exista una política de desarrollo tecnológico mínimamente coherente, que englobe I+D, educación y un marco legislativo adecuado.

El desarrollo tecnológico en España no solo no se fomenta, sino que se intenta constantemente desincentivar. No hay más que ver las últimas políticas que han puesto literalmente a España en el mapa de los países enemigos de la tecnología: el país que provoca una absurda e imposible norma que inventa un inexistente “derecho al olvido”, el que echa a patadas a Google News, el que se inventa leyes de laboratorio para tratar de impedir el desarrollo de Airbnb, el que impide el funcionamiento de Uber torturando hasta el límite unas medidas cautelarísimas, el que desincentiva la implantación de la energía solar a pesar de ser uno de los países con mejores condiciones para su desarrollo, en el que acceder a determinadas páginas web puede convertirte en delincuente, o en el que ser emprendedor puede salirte escandalosamente caro. El país del “por si acaso”, en el que siempre hay una ley que cambiar para proteger al incumbente de cualquier desarrollo tecnológico que sea susceptible de amenazar su tranquilidad.

Una ausencia de una política tecnológica coherente que ha llevado a España a figurar entre los países que más dificultan la innovación, los más proteccionistas en cuanto a su economía digital, junto a China, India, Nigeria, Rusia e Indonesia, según el think tank estadounidense The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Los vehículos autónomos son solo un ejemplo más, entre muchísimos que podrían ponerse. Recortes demenciales de presupuestos de investigación, problemas legislativos, ausencia de líneas prioritarias en función del desarrollo tecnológico, y todo un caos que lleva a pensar en un futuro para nuestro país verdaderamente complicado en términos de creación de valor y de desarrollo de una sociedad de la información capaz de generar empleo cualificado. Sin duda, una receta para el desastre.

A continuación, el texto completo de la columna:

 

España, sin conductor

El gobierno alemán ha anunciado la inmediata aprobación de un marco legal para permitir la circulación de vehículos de conducción autónoma. Las prisas no son por la disponibilidad de esa tecnología, que tardará aún cuatro o cinco años en ser operativa a precios razonables, sino con la imperiosa necesidad que la fortísima industria alemana del automóvil tiene de ser líder en ella. 

Mientras los alemanes se afanan por hacer pruebas en carretera y los primeros modelos autónomos de Mercedes-Benz y Audi son presentados no en ferias del automóvil sino tecnológicas, los norteamericanos de Google llevan ya varios millones de kilómetros recorridos con vehículos Prius modificados y, desde hace poco, con su propio modelo, fabricado en la cuna de la industria automovilística del país, Detroit. 

Al tiempo, la también norteamericana y bien capitalizada Uber anuncia una alianza con la universidad de Carnegie Mellon para desarrollar vehículos autónomos que sustituyan a los conductores de su flota, con intención de convertirse en la expresión del transporte como servicio. 

¿Qué lecturas podemos hacer de todo esto? Primera: si va a tomar decisiones sobre dónde vivir o qué automóvil comprar, tenga en cuenta que la tecnología que permitirá a los vehículos conducir solos está literalmente a la vuelta de la esquina. Conducir dejará de ser “cosa de personas”, pasará a ser “cosa de máquinas”, y seguramente, en lugar de poseer automóviles, los alquilaremos temporalmente.

Y segundo, que las decisiones tecnológicas impactan cada vez más la competitividad futura de los países. Estados Unidos y Alemania quieren competir fuerte en ese futuro, lo que conlleva decisiones legislativas, de educación y de muchos otros tipos. ¿Ve alguna mentalidad similar en España? No, para ese futuro, no tenemos conductor. 

 

This article is also available in English in my Medium page, “Spain: nobody is behind the wheel

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¿Puede Facebook influir en el resultado de unas elecciones?

Facebook politicsJohn Naughton, en The Guardian, se plantea esa pregunta: ¿hasta qué punto podría una red como Facebook influir en el resultado de unas elecciones?

Y la respuesta, claro, parece de entrada sumamente preocupante si hablamos de una empresa eminentemente norteamericana, con una penetración en algunos mercados que alcanza al 70 u 80% de los usuarios de internet, y que ya ha dejado clara su vocación y su escasa prevención con respecto a la manipulación de estados de ánimo de esos usuarios: sí.

De hecho, esta hipótesis ya fue puesta a prueba en un artículo de Nature, y resultó ser positiva: la red social fue capaz de promover una tasa mayor de participación política en un conjunto objetivo de sesenta y un millones de norteamericanos.

Que la respuesta a esta hipótesis fuese positiva no debería de sorprendernos: durante siglos, nos hemos acostumbrado a que los medios de comunicación masiva alcancen una notable influencia sobre la agenda política: quien gestiona un medio de comunicación es capaz no solo de ganar dinero con su actividad suponiendo que sepa gestionarla en ese sentido, sino que es además susceptible de orientar la información comunicada a través de ese medio mediante eso que se ha dado en llamar “la línea editorial”, los sesgos que aplica a la composición y la orientación de las noticias.

La existencia de una línea editorial en un medio se supone una de las razones por las que un usuario lo elige, y está perfectamente amparada por la ley y hasta por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: recientemente, Google obtuvo un importante triunfo judicial cuando consiguió que un juez reconociese que tenía pleno derecho a manipular sus resultados de búsqueda, del mismo modo que si fueran una publicación editorializada.

Pero más allá de la posibilidad de redes sociales o motores de búsqueda de manipular las ideas políticas de sus usuarios haciendo determinadas noticias más o menos visibles, privilegiando cierta líneas de pensamiento frente a otra, etc., está la cuestión de los motivos: hablamos de empresas puramente comerciales, dedicadas básicamente a exponer a sus usuarios a aquellos contenidos a los que un tercero, el anunciante, desea que sean expuestos. Uno llega a Facebook y dice algo así como “quiero que un porcentaje así de personas con esta o aquellas características demográficas vean este anuncio. Los anunciantes llegan a Google y dicen “quiero que todo aquel que busque esto y tenga estas características sea expuesto a este mensaje publicitario”. Es decir, no hablamos de algo que podría ocurrir, sino de una cosa que se encuentra embebida en lo más profundo de su razón de ser, en la definición de su compañía.

¿Podría una red social o un buscador, mediante una mayor exposición o una mayor ocultación de un contenido determinado, dar lugar a la generación de un sesgo político determinado? ¿No es algo que todos los medios llevan intentando hacer durante décadas de historia? ¿No hablamos de que determinados personajes políticos y partidos fueron propulsados por determinadas apuestas mediáticas? Si una cadena de televisión o un grupo de medios puede dar lugar a un desplazamiento determinado del sentido del voto, ¿qué no podría hacer una plataforma que muchos consideran teóricamente neutral, en modo “me da los resultados de mi búsqueda” o “me enseña lo que han hecho mis amigos”, y con un alcance muchísimo más generalizado que cualquier medio? ¿Qué es lo que algunos partidos políticos intentan hacer mediante un determinado uso de las redes sociales estos días, más que generar un ambiente hostil ante la crítica, o intentar transmitir un estado de ánimo generalizado en un sentido o en otro?

Sí, las plataformas sociales pueden influenciar nuestro pensamiento político, sobre todo porque cada vez definen una parte más significativa de nuestro espacio, de nuestro entorno, del ambiente que nos influencia. Un pequeño sesgo en la forma de presentarnos la información, voluntario o involuntario, y podemos estar hablando de “ajustar” el mapa electoral en un sentido o en otro. Por un lado, nuestro entorno, nuestros amigos y lo que publican con contenido político de manera natural en estas redes es algo que indudablemente, puede influenciarnos. Por otro, la exposición de este contenido puede ser voluntariamente sesgada por la propia plataforma. Si se hace con el debido cuidado y la connivencia de la plataforma, no tendría siquiera por qué notarse.

Si no lo habías pensado, vete haciéndolo. Vete pasando revista a esos momentos, esas conversaciones, esos artículos que de una u otra manera tuvieron un peso en el sentido de tu voto. No se trata de volvernos todos paranoicos con la posibilidad de que nuestros votos estén teledirigidos como su fuésemos un montón de hamsters metidos en una jaula. Pero sí de tener meridianamente claro que esa posibilidad existe, es viable, técnicamente factible. Sobre todo, por lo que pueda pasar…

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