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Entornos digitales y legislación

IMAGEN: Thomas Reichhart - 123RFMi columna de El Español de esta semana se titula “Convenio de Ginebra digital“, y reflexiona sobre la idea introducida por el presidente de Microsoft, Brad Smith, de crear una nueva versión del conocido Convenio de Ginebra para el derecho internacional humanitario, revisado y ampliado ya en tres ocasiones tras su primera versión, para intentar detener la escalada en el creciente uso del state-sponsored hacking, el uso de la red para tratar de espiar a las administraciones de otros países o de atacar y dañar sus infraestructuras críticas

Siempre he sido muy crítico con la tendencia a la hiperlegislación, el intento de reescribir las leyes para supuestamente adaptarlas al nuevo contexto que supone internet. Internet no requiere nuevas leyes ni leyes especiales, requiere simplemente que los jueces tengan la flexibilidad suficiente como para interpretar lo que es delito o no lo es en un entorno diferente. La mejor manera de analizar cualquier acción presuntamente punible en internet es retirar internet del escenario y plantearse cómo la juzgaríamos si se hubiese producido fuera de internet. Un robo es un robo, sea en internet o fuera de él, una difamación es una difamación en la red o en la calle, y un ataque a un país lo es independientemente de que se produzca a través de internet o mediante un espía con gabardina y gafas oscuras. Por eso, la idea de no promover leyes como tales, sino foros de discusión en los que se llame a las cosas por su nombre y se aíslen los problemas me resulta sensiblemente más atractiva que la idea de dictar nuevas leyes a diestro y siniestro cuando las que existían ya eran claramente suficientes y respondían a un consenso social obtenido a lo largo de mucho tiempo.

Uno de los principales problemas de internet es el hecho de que en toda innovación surgen, de manera generalmente muy rápida, un conjunto de aprovechados, malintencionados o directamente delincuentes que intentan extraer un provecho ilícito de las características del nuevo entorno. Habitualmente, la respuesta de la ley en este sentido es lenta e ineficiente, y suele serlo mucho más en los países que provienen de la civil law frente a las que tienen su base en la common law, que se apoya en los casos precedentes y que, por tanto, tiende a tener una flexibilidad y adaptabilidad muy superior. Cuando la actuación de personas que retuercen el nuevo entorno para obtener un beneficio ilícito, llámense dialers, spammers, scammers, phishersladrones de identidad, domainers o lo que sea, se convierte en un desincentivo a la difusión de la innovación, la ley tiene que actuar de manera rápida y decisiva, y poner coto a esos abusos de manera inmediata sin que el hecho de que el delito se produzca en internet tenga ningún tipo de influencia sobre su condición de delito. El hecho de que estemos viviendo auténticos episodios de guerra entre países por el espionaje y los ciberataques a través de la red y la comunidad internacional no esté haciendo nada por tipificar y definir este tipo de cuestiones, deslindando claramente lo que son y separándolos de las posibles zonas grises, tiene mucho que ver con lo que ocurre en ese otro ámbito, en el de la definición de los delitos de otros tipos.

¿Necesitamos reeditar el Convenio de Ginebra para adaptarlo al entorno digital? No lo sé. El contexto de las relaciones internacionales tiene una regulación muy compleja e indudablemente enrevesada, pero tener determinadas definiciones por escrito en un documento que provenga de un consenso general y que pueda ser invocado, o utilizado eventualmente como herramienta sancionadora, posiblemente no viniese nada mal. Y de paso, repensar la lentitud con la que la justicia, en general, tiende a adaptarse a los nuevos entornos definidos por la tecnología, y lo que nos termina costando que eso sea así.

 

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La maldita actitud anti-tecnológica del Partido Popular

Twitter bird mugshotEl Partido Popular registra una proposición no de ley en el Congreso de los diputados con el fin de reformar la protección del derecho al honor, con la idea de aplicarla en las redes sociales. De nuevo, la estúpida idea de considerar eso que llaman “las nuevas tecnologías” siempre como una “terrible amenaza”, algo para lo que es “imprescindible” crear nueva legislación.

El derecho al honor está perfectamente legislado. Para mí, que incluso llegué al punto de ser llevado ante los tribunales por haber supuestamente “ofendido el honor” de una asociación de empresas (que lejos de tener ningún problema con “su honor”, me denunciaba simplemente para intimidarme y tratar de evitar que diese mi opinión sobre sus prácticas de negocio), está muy claro que el derecho al honor está incluso excesivamente legislado, llegando casi hasta la paranoia. Pensar en proteger aún más ese derecho al honor se me antoja una manera clarísima de crear instrumentos de censura, de dotarse de herramientas siguiendo el estilo del gobierno turco de Erdoğan, que permitan judicializar la conversación o pretendan convertir la falta de educación en delito. 

Francamente, una ley que haga más fácil denunciar a los ciudadanos cuando insultan a otros en las redes sociales es algo que me preocupa. No porque me gusten los insultos ni porque considere que deba protegerse de alguna manera al que insulta, sino porque estimo que el honor está ya suficientemente protegido, y que aquel que siente que la participación de un tercero en las redes sociales insulta su honor, tiene ya más que suficientes herramientas jurídicas como para reclamar protección. Si nos fijamos en la gran mayoría de las democracias modernas, lo normal no es dedicarse a endurecer la protección al honor ante la llegada de las redes sociales. Ese tipo de tendencias legislativas son, como todos los intentos por incrementar el control de la red, típicas de países como Turquía, Irán o China. Por algo será.

La mala educación, el mal gusto, las injurias o las ofensas en las redes sociales son un problema, sí. Como ya he dicho en muchas ocasiones, los protocolos de uso tardan mucho más en desarrollarse que las propias herramientas que los soportan. Que por alguna razón, una parte de la sociedad haya decidido ignorar las normas de educación que acordamos como sociedad a lo largo del tiempo para regular nuestro comportamiento y evitar que acabemos a bofetadas es, como tal, un problema, pero no un problema que no tenga solución con las herramientas legislativas con las que ya contamos. Estamos de acuerdo: la sinceridad está sobrevalorada. Aunque pienses que alguien es un imbécil, nada te obliga a decírselo en público, y de hecho, lo normal, considerando unas normas de buena educación que no están ahí por casualidad, es que no debas decírselo, por mucho que creas que le haces un favor diciéndoselo. Lo más normal es que la persona, ademas, no quiera que se lo digas, y de hecho, le moleste, o incluso piense que ofendes a su honor. Pero un insulto es un insulto, sea en la red, en un periódico o en la calle, y pretender que “las nuevas tecnologías” (¿cuántos malditos años tiene que tener una tecnología para que el Partido Popular deje de considerarla “nueva”?) son de alguna manera “un entorno diferente” para el que es preciso crear legislación especial es un error. Y además, potencialmente muy peligroso.

El intento de endurecer la protección del derecho al honor es, simplemente, una forma de dotarse de herramientas para procesar a aquellos que digan algo que nos parece mal. Una manera mal entendida de intentar elevar las barreras de entrada, de pretender que la buena educación surja por el método del palo. No, la buena educación no se consigue con amenazas de “te meteré en la cárcel si te portas mal”. Es precisamente lo que hacía falta en España y lo que sin duda arregla nuestros problemas: una ley especial para meter en la cárcel a usuarios de redes sociales. Y más cuando ya existen suficientes leyes que permiten castigar ese tipo de delitos… cuando lo son.

Me preocupa seriamente que el partido en el gobierno en mi país muestre una actitud ante la tecnología que siempre comience con lo malo, con la preocupación, con los supuestos peligros. ¿No sería más lógico pensar en las redes sociales como una manera de captar opinión, o como una forma de comunicar con los ciudadanos, como hace el gobierno norteamericano? ¿Vemos acaso en los Estados Unidos leyes para proteger más aún el derecho al honor? ¿O más bien al revés, vemos como se obsesionan por proteger la libertad de opinión? ¿Tiene sentido que siempre que el partido en el gobierno mencione algo que tenga que ver con la tecnología lo haga para intentar “protegernos de sus supuestos peligros”? ¿No es esa una actitud cansina y profundamente reveladora? Por favor, la tecnología está cambiando el mundo tal y como lo conocemos en muchísimos sentidos, y todo lo que el Partido Popular piensa es en “cómo protegerse de todos esos cambios”!! ¿Qué diablos de actitud es esa?

Y por cierto, Partido Popular… la mejor forma de proteger el honor es comportándose sistemáticamente de manera honorable.

 

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Noticias, las justas: sobre tecnología, justicia y, sobre todo, sentido común

Noticias, las justasAyer se celebró la presentación de “Noticias, las justas“, un libro surgido de una idea de mi buen amigo Sergio Martín y editado por Wolters Kluwer, en el que participamos María Eizaguirre, Alberto Palomar, América Valenzuela, Almudena Vigil y yo mismo.

Un libro que comencé con un “Sergio, en qué lío me estás metiendo, a ver cuándo diablos saco tiempo para esto”, que siguió como una oportunidad de agrupar temas relativamente recurrentes en la compleja interfaz entre la tecnología y el derecho, y que terminó siendo una oportunidad casi terapéutica para ordenar mis pensamientos y tratar de estructurar las actitudes que creo que un profesional, del derecho o de otros ámbitos, debería considerar como forma de enfocar el futuro.

En mi capítulo, titulado “La ley en tiempos enredados”, comienzo hablando de la resistencia a la innovación como actitud humana comprensible, justificable dentro de un orden, pero claramente negativa, y especulo sobre cómo el diferente enfoque de los sistemas jurídicos basados en el derecho continental termina por perjudicar el progreso en determinados países mientras dota a otros, basados en la common law, de actitudes por lo general mucho más razonables y favorables al progreso.

Para intentar argumentarlo, intento revisar casos como el de las recurrentes prohibiciones de WhatsApp en Brasil y lo que pasa cuando los jueces “se vienen arriba”, el derecho al olvido y lo que sucede cuando un tribunal pretende “inventarse” derechos no basados en la realidad e incompatibles con el escenario tecnológico, la prohibición de Uber mediante medidas cautelarísimas inaudita parte porque a un juez “le suena mal aquello”, o el cierre de páginas web que no contravienen una ley específica (o incluso cuando terminamos creando leyes o tribunales especiales para que así sea) y, en general, el uso de las llamadas non-market strategies.

De ahí paso a reflexionar sobre la interacción de los usuarios con los servicios en la web mediante términos de servicio que nadie es capaz de entender, pero que parecen ser esenciales para definir con precisión su ámbito desde un punto de vista jurídico, y que terminan siendo simplemente una excusa para que los abogados puedan vivir de algo. Para terminar, intento analizar las derivas generacionales y la dirección del progreso tecnológico, para tratar de entender el futuro al que nos dirigimos: un entorno cada vez más complejo, más interconectado, en el que es imposible avanzar sin romper cosas, sin amenazar esquemas tradicionales o sin replantear “lo que hemos hecho toda la vida de una manera determinada”.

Si para preservar una serie de equilibrios tradicionales que dábamos por asumidos evitamos avanzar, tendremos un problema, porque el progreso tecnológico nunca se ha detenido en función de los intereses de nadie, y la tecnología, como me he hartado de decir y escribir, no se puede “desinventar”. Mientras sigamos teniendo políticos, jueces o fiscales que crean que eso sí es posible, que se puede simplemente y de un plumazo evitar que las cosas cambien o restringir el desarrollo tecnológico “porque no gusta” o “porque no interesa”, seguiremos encontrándonos todos los días con noticias de decisiones judiciales absurdas, sin sentido, o simplemente equivocadas. Y en ese sentido, la oportunidad que me ha dado el ponerme manos a la obra para escribir este capítulo ha sido casi terapéutica. No sé si vocear mis preocupaciones en este sentido servirá de algo o convencerá a alguien, pero al menos, sienta bien. Ayer pude ver a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, hacer una bonita, trabajada y elocuente presentación del libro en la que agradeció los planteamientos que hacía en mi capítulo porque le habían hecho pensar. Si consigo aunque sea solo eso, generar algunas reflexiones, el trabajo habrá merecido la pena.

 

ACTUALIZACIÓN: Europa Press comentó la presentación de ayer en “Llega ‘Noticias, las justas’, una perspectiva diferente sobre la relación entre la comunicación y el mundo jurídico“.

 

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Sin conductor y en tráfico real

IMAGE: Brux -123RF

Una ley firmada el pasado jueves por el gobernador del estado de California, Jerry Brown, legaliza finalmente las pruebas de vehículos autónomos sin conductor a bordo, sin pedales y sin volante, en condiciones de tráfico real. Aunque algunos países, como Finlandia o el Reino Unido (que comenzó a estudiar el tema en 2013 y actualmente no tiene barreras legales a la circulación de vehículos autónomos), ya disponían de leyes que permitían la conducción autónoma en condiciones de tráfico real, lo que ha permitido experiencias como las de los autobuses de Helsinki, en California, hasta el momento, las quince compañías autorizadas para hacer pruebas en estas condiciones estaban obligadas a circular con un conductor humano, y a tener tanto volante como pedales que le permitiesen tomar el control del vehículo.

La ley californiana sigue a las directrices marcadas por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) norteamericana, en una revisión que llevaba anunciada desde el año 2015 y en la que Google parece haber tenido una importante influencia. Desde el año 2013 se consideraba ya de manera general que la evolución de las normas de tráfico estaban yendo muy por detrás del desarrollo de los vehículos autónomos, lo que convertía esta revisión en un hito muy importante. Google parece haber hecho valer no solo su experiencia en el desarrollo de vehículos autónomos, sino también su habilidad para el lobbying: ha contratado hasta a cuatro antiguos funcionarios de la NHTSA para que explicasen a sus ex-compañeros su visión sobre la conducción autónoma, hasta conseguir una revisión que, aunque algunos consideran tímida, abre interesantes posibilidades para el progreso de la tecnología. Finalmente, en California, los automóviles en pruebas podrán conducir en tráfico real en determinadas zonas especialmente delimitadas, con una velocidad máxima de unos 56 km/h, y con un seguro con una cobertura mínima de cinco millones de dólares por vehículo. 

En los Estados Unidos, los ciudadanos de California y Nueva York parecen ser los más permeables a la idea de la conducción autónoma, con un nivel de aprobación del 86% y del 90% respectivamente frente a una media nacional del 80%. Compañías como Google cuentan ya con un importante repositorio de experiencias que, hasta el momento, contaban con un conductor humano especialmente adiestrado y preparado para tomar el control en determinados momentos si las circunstancias del tráfico lo exigían o recomendaban. Ahora, podrán comenzar a hacer pruebas prescindiendo de ese conductor humano, dado que, según palabras de Dmitri Dolgov, director de la unidad de tecnología de auto-conducción en la compañía, ellos “no están construyendo un automóvil, sino un conductor“.

Se abre un nuevo reto para los países: quedarse atrás en la adaptación de las leyes y códigos de circulación es una forma de retrasar el progreso en el desarrollo de una tecnología que no solo puede representar una oportunidad enorme para reducir drásticamente las cifras de accidentes en carretera, sino también llegar a replantear completamente la manera en la que nos desplazamos, la forma en la que transportamos mercancías, o incluso la fisonomía de nuestras ciudades. Adaptar el marco legislativo al avance tecnológico que supone la conducción autónoma es, en este momento, una misión crítica que definirá qué países pueden progresar más rápido en este ámbito y aspirar a retener una parte del valor generado.

El sueño de Chris Urmson, hasta hace poco director de la misma iniciativa, de conseguir que su hijo nunca necesitase carnet de conducir, está cada vez más cerca.

 

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La herencia envenenada del “derecho al olvido”

IMAGE: Milosh Kojadinovich - 123RFGoogle recurre ante el Conseil d’Etat, el Tribunal Supremo Administrativo de Francia, una orden dictada por la CNIL en la que multa a la compañía con cien mil euros por no aplicar el “derecho al olvido” en todos sus dominios, en lugar de hacerlo tan solo en los del país correspondiente.

Lo dije en su momento, y me reafirmo cada vez más: el supuesto “derecho al olvido” es una auténtica barbaridad jurídica, un sinsentido que solo puede traer problemas. Bajo el supuesto bienestar mental que nos proporciona a todos saber que podemos eliminar del buscador un resultado que no nos guste, se esconde en realidad una falacia enorme, capaz de convertirse en una poderosa herramienta de censura y de perjudicar sensiblemente el acceso a la información, la verdadera propuesta de valor de un buscador.

El olvido no es un derecho, es un proceso fisiológico. Olvidamos cuando los circuitos neuronales redundantes en nuestro cerebro dejan de serlo, no cuando alguien nos reclama supuestamente que olvidemos algo. Si existiese un “derecho al olvido”, existiría la posibilidad de obligar a alguien a olvidar, una auténtica barbaridad se mire por donde se mire. Por otro lado, pretender que algo “se olvida” cuando simplemente lo retiramos de los resultados de un buscador es de un simplismo alucinante, de una cortedad mental que asusta: no, no se ha olvidado nada, simplemente lo has quitado de la vista en un sitio, pero lo has dejado en donde fue publicado originalmente. Es tan absurdo como engañar a un niño pequeño: ahora lo ves, ahora ya no lo ves.

Obligar a un buscador a que retire de sus resultados enlaces que reflejan el contenido buscado pero que alguien, por la razón que sea, no quiere ver ahí es, como tal,  una auténtica barbaridad. Si además añadimos que el supuesto “derecho” no es universal y no vale para todos – resulta que yo, Enrique Dans, no puedo tener ese “derecho”, porque según algunos, soy “famoso”, aunque sea un simple profesor – ya la cuestión roza el absurdo jurídico más patente: una parte importante de la población puede ejercer un supuesto derecho que a mí se me niega… ¿por haber cometido alguna infracción? No, porque a veces salgo en la tele. ¡Genial! La incoherencia viene de lo que viene: de tratar de convertir en “derecho” algo que en modo alguno puede llegar a serlo, algo que simplemente no existe, que es artificial, que un tribunal decidió sacarse de la manga. Una ES-TU-PI-DEZ, con todas sus letras.

Si además rizamos el rizo y pretendemos, en función de la protección de ese supuesto derecho, obligar al buscador a eliminar sus resultados ¡en todo el mundo!, ya la terminamos de liar. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Eliminar toda referencia a Ataturk, porque los turcos la consideran injuriosa? ¿Y las imágenes de Alá? ¿Las menciones a la familia real tailandesa? ¿Vamos a terminar con un motor de búsqueda que solo nos da resultados de gente sonriente y encantadora, que no molesten a nadie, porque siempre hay alguien que puede ejercer su “derecho al olvido”? Estamos jugando con cosas muy peligrosas, con nuestro derecho a la información, con el derecho a poder ir a una hemeroteca y saber qué pasó en un momento dado: ahora, si la hemeroteca es física, puedo acercarme a ella, hojear los diarios, y ver que el Sr. Costeja efectivamente estuvo casado y se subastó su vivienda en Barcelona… pero mediante mi ordenador, no puedo llegar a esa información, porque el Sr. Costeja invoca su “derecho al olvido” y me lo impide. La información está ahí, existe, no ha sido retirada, era factualmente correcta cuando se publicó, y puedo verla si me desplazo a una hemeroteca… pero desde mi ordenador, no. ¿Pero esta barbaridad jurídica qué es?

La tecnología provoca efectos que nos obligan a cuestionarnos muchas cosas. En los Estados Unidos, la sola idea de obligar a alguien a que no pueda devolver resultados que están recogidos en foros públicos suena tan absolutamente marciana, que tienen que frotarse los ojos para entender que efectivamente, en Europa somos “así de raros”. O sea, que está publicado en un periódico, pero no se puede ver en un buscador, cuya función es, al margen de todo juicio moral… ¡buscar!! No, preferimos cargarnos una herramienta de búsqueda obligándola a que tenga que hacer su trabajo sorteando un permanente y creciente campo de minas.

Que sí, que la privacidad, que el derecho a la propia imagen… lo que sea. Pero ese derecho no puede convertir en reales conceptos que no lo son. Habrá que buscar otras maneras, que crear sistemas que pongan la responsabilidad en quien publica la información en lugar de en aquel que simplemente la busca, que arbitrar sistemas de corrección, enmendado o puntualización de lo publicado… algo. Pero no lo que hay, porque ese “derecho al olvido” es tan artificial como absurdo, y prolongarlo solo va a traer problemas.

El “derecho al olvido” fue una mala idea de un tribunal que se equivocó. Que además quien se equivocase fuese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convierte ese error en muchísimo más grave, en un error histórico, magnifica tanto el error como sus desgraciados efectos, pero eso no quiere decir que no sea un ERROR. Con mayúsculas. Todos nos equivocamos. Y ahora, a medida que pasa el tiempo, las consecuencias de ese error se van haciendo cada vez más grandes, más absurdas, más increíbles, atentando cada vez más contra el sentido común. Tenemos que plantearnos como salir de esta.

 

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Los drones como regalo estrella: gestionando retos regulatorios

Solo smart drone - 3DRoboticsLa Federal Aviation Administration (FAA) norteamericana lo había advertido, aterrorizada: preveían que los drones se convirtiesen en uno de los regalos estrella de estas navidades, con más de un millón de estos artefactos puestos de un día para otro en manos de usuarios mayoritariamente inexpertos y ávidos por empezar a volarlos, y eso configuraba una situación sumamente compleja, abierta a problemas de seguridad de todo tipo.

En efecto, a los ya clásicos Phantom de DJI o Solo de 3DRobotics se han unido muchos otros fabricantes: ahora podemos volar incluso el Millennium Falcon, o cientos de modelos de todo tipo creados por empresas con más o menos credenciales. Los drones tienen infinidad de aplicaciones potenciales, pero vistos como juguete, no dejan de ser, en muchos casos, un artefacto de entre uno y dos kilos (1’2 kg en el caso del modelo más popular de DJI, 1’8 kg en el caso del Solo con su montura estabilizadora y una GoPro) que vuela a una velocidad de hasta 89 km/h, con hélices de nylon y fibra de vidrio propulsadas por motores de 880 kV, y con una autonomía de unos 800 m. Un artefacto, por otro lado, de cuyas posibilidades de causar problemas tenemos ya abundantes pruebas, unas más serias que otras: puesto en manos de una persona no especialmente hábil, carente de la experiencia o preparación necesaria para darse cuenta del peligro inherente a determinadas situaciones, o directamente estúpida, un aparato de este tipo puede dar lugar a no pocas situaciones de riesgo. Y sobre todo, situaciones en las que la posible reclamación de responsabilidad podía verse dificultada, en el caso de que la persona, al ver el posible daño ocasionado, simplemente tratase de escabullirse.

Ante una coyuntura de mercado como esta, las posibilidades de reacción de la FAA para tratar de preservar la seguridad y evitar problemas tienen que ser razonablemente mesuradas. De la noche a la mañana, más de un millón de aparatos manejados por inexpertos en los cielos de los Estados Unidos son un potencial problema de primera magnitud. Pero imponer medidas drásticas que obligasen a los propietarios de drones a no volarlos más que tomando unas precauciones extremas, o pasando por una excesiva complicación legislativa era una cuestión impopular y escasamente deseable: toda legislación debía considerar las circunstancias de fabricantes, distribuidores y usuarios, y equilibrarlas con las de pilotos de aviones y helicópteros, responsables de aeropuertos, bomberos, policía y demás posibles afectados, para llegar a una conclusión rápida y razonable. Así, la decisión de la FAA consistió, como primer paso, en la convocatoria de una reunión de urgencia con esos posibles actores afectados: la asociación de pilotos de líneas aéreas, la de pilotos de helicópteros, la asociación internacional de jefes de policía, fabricantes como DJI, 3DRobotics o GoPro, distribuidores como BestBuy, y muchos otros.

Tras tres días de reuniones, el compromiso resultante se plasmó en la creación de una página de registro obligatorio para todos los drones de entre 0’5 y 25 kg (por encima de eso se consideran ya aparatos profesionales y precisan de un registro es manual y más complicado), en la que los propietarios de drones tienen que identificarse con nombre, dirección y correo electrónico, y pueden registrar los aparatos que deseen. El proceso de registro cuesta $5, aunque durante los primeros treinta días es gratuita. Opcionalmente, se pueden registrar esos aparatos con su número de serie, pero si no se desea hacerlo, basta con apuntar el número de registro facilitado por la página en algún sitio del aparato al que se pueda acceder sin herramientas (en una pegatina, incluso dentro del compartimento de las baterías). Además, la FAA ha publicado una app en iOS y Android para ser utilizada antes de volar un aparato, llamada B4UFly (Before you fly), que utiliza la geolocalización para determinar si hay algún tipo de restricción para el uso de drones en el área. Si un aparato no es registrado o vuela sin su número de registro, se arriesga a una multa de hasta $27.500. Desde el pasado día 21, ya se han registrado más de 180.000 propietarios de drones.

La legislación no evita, lógicamente, los accidentes, pero al menos dota de un marco legal y de responsabilidad a quienes los puedan originar, junto con medidas que permiten su eventual identificación. Entre la prohibición radical y el no legislar nada, una solución que parece lógica y razonable. El caso de los Estados Unidos, lógicamente, vamos a verlo replicado en todos los países desarrollados en los que los drones han sido igualmente populares como regalo de navidad. En estos casos, con precedentes y comparables muy escasos, dar lugar a una legislación equilibrada que combine los intereses de propietarios, fabricantes y distribuidores con un adecuado nivel de seguridad supone todo un reto.

Aplicar la legislación preexistente para cuestiones aparentemente relacionadas como, por ejemplo, el aeromodelismo, no habría tenido mucho sentido: hablamos de circunstancias mucho más restringidas, escasamente comparables con la facilidad de uso y la popularidad de los drones de última generación. En este sentido, la iniciativa norteamericana destaca por haber sido capaz de reunir a los actores implicados, escucharlos, y crear herramientas sencillas que permiten que cualquier registre sus drones de manera rápida, sencilla y sin excesiva burocracia, al tiempo que se facilita una herramienta igualmente fácil para determinar si un vuelo atenta contra la seguridad o no. Pluralidad de enfoques – asegurarse de hablar no solo con quienes fabrican drones, los venden y los usan para jugar, sino también con quienes, por ejemplo, plantean utilizarlos en distribución o para otros usos – unidos a una notable practicidad y sensibilidad. Ante un fenómeno como este, que se populariza a la velocidad de los productos de consumo masivo y se convierte en un problema antes de que la justicia tenga tiempo a reaccionar, me parece un caso de legislación, como mínimo, interesante. Me encantaría ver a otros que legislan cuestiones igualmente novedosas relacionadas con la tecnología asesorarse y hacer las cosas de maneras mínimamente parecidas.

 

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Ni orden, ni progreso: internet como indicador del desastre brasileño

Brazil WhatsApp banUna juez brasileña decreta el bloqueo total durante 48 horas de los servicios de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más abrumadoramente popular del país, en respuesta a una petición de información sobre un usuario no atendida por la compañía. El 93% de los usuarios de internet en Brasil utilizan WhatsApp para comunicarse habitualmente, lo que ha llevado a una situación en la que todos los operadores telefónicos del país, considerado el más caro del mundo en cuanto a tarifas de telefonía, califiquen a WhatsApp como un “servicio de telefonía ilegal” que según ellos, no tiene que hacer frente a los requisitos que ellos si están obligados a afrontar. La situación recuerda tanto a discusiones de principios de siglo, cuando las operadoras protestaban contra Skype y la calificaban de “operadora pirata” (textualmente la frase utilizada por el presidente de Telefonica Brasil) , que asusta pensar que aún haya países en los que estemos así.

El cierre, sin embargo, no parece tener que ver con esta circunstancia, sino con la negativa de la compañía a facilitar información de un usuario en un caso criminal, en el contexto de una situación de toma de control progresiva del gobierno sobre la información en la red. Un congreso caracterizado, además de por los flagrantes escándalos de una corrupción ya plenamente institucionalizada y que podrían conducir pronto al impeachment de la presidenta del país, Dilma Rousseff, por una resistencia feroz al llamado Marco Civil, un paquete de medidas aprobado el pasado 2014 que consagra, entre otras cosas, el derecho a una red neutral, la limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios, la libertad de expresión y las garantías de privacidad de los usuarios de internet.

La oposición de entonces al Marco Civil, formada fundamentalmente por el lobby de las operadoras y por políticos obsesionados con el control de la red, ha ido escalando en sus demandas para poner coto a lo que consideran “libertinaje”, y liderados por Eduardo Cunha, entonces lobbista de las operadoras, actual presidente de la Cámara y también procesado por corrupción, pretenden poner en marcha leyes que obliguen a los ciudadanos brasileños a identificarse en la web con el equivalente de su NIF (el CDF, o Cadastro de Pessoas Físicas), su dirección y su número de teléfono, datos que los servicios web tendrían que almacenar durante tres años y que tendrían que entregar al gobierno sin necesidad de orden judicial. Semejante ley demencial, conocida en Brasil como O Espião” (el “espión”, o el “gran espía”), es un reflejo de una cámara en la que predominan diputados implicados en escándalos de todo tipo en los que existe un sentimiento generalizado de que la red es utilizada únicamente para hablar mal de ellos – pero que en lugar de plantearse por qué razones se habla mal de ellos, prefieren optar por silenciar la red y a los ciudadanos.

Una ley así trata fundamentalmente de evitar el uso de internet para la expresión libre de los ciudadanos en un entorno político sometido a un clima claramente malsano. La población, y especialmente los jóvenes brasileños, conforman una de las sociedades más activas y relevantes del mundo en las redes sociales, que además ya ha dado muestras de su capacidad de organización cuando, en vísperas de los últimos mundiales de fútbol, se convirtieron en una voz crítica contra su celebración reclamando otras prioridades de inversión para el país. 

Corrupción, hiperlegislación con propósito de control, prohibiciones absurdas (Telegram reporta un incremento de más de un millón de usuarios en un día tras la prohibición sufrida por WhatsApp) y un país al borde del colapso político son los elementos de una ensalada brasileña en la que lo que falta son precisamente los dos ingredientes que hay en su bandera, ordem e progresso. En estas circunstancias, internet se convierte en un perfecto indicador o herramienta de diagnóstico de cómo de mala puede llegar a ser la situación política y la calidad democrática en un país que, hasta hace no demasiado, se consideraba un bastión dentro de las llamadas economías emergentes. Un auténtico desastre.

 

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No, nadie ha prohibido el uso en España de Dropbox ni de Google Apps…

Ultimátum de la AEPD a empresas españolas: prohibido usar Dropbox o Google Apps - El ConfidencialPocas veces me han contactado tantas personas por correo electrónico, Twitter, Facebook, etc. tan nerviosas por una noticia como las que lo han hecho al leer ésta de El Confidencial titulada “Ultimátum de la AEPD a empresas españolas: prohibido usar Dropbox o Google Apps“. Cierto es que la redacción de la noticia, con un titular completamente categórico y – desde mi punto de vista, al menos – sensacionalista, invita a tener miedo y amenaza incluso con sanciones, pero creo que el sentido común, por mucho que en tantas ocasiones sea el menos común de los sentidos, debería prevalecer aquí.

No he hablado con la Agencia Española de Protección de Datos ni he visto el documento con el ultimátum al que se refiere la noticia, y sí he podido leer, en cambio, la aclaración publicada al respecto por la propia AEPD, que supone un desmentido en toda regla. Pensar que a partir del día 29 de enero se prohibiría el uso de herramientas como Dropbox o Google Apps a todas las empresas españolas me parecía tan increíblemente absurdo y demencial, que en caso de ser cierto creo que deberíamos directamente cerrar el ordenador, cerrar España, y dedicarnos a otra cosa. Sí, la AEPD es capaz de lo mejor y de lo peor, ha sido históricamente protagonista de que algo deseable como la defensa de la privacidad se convierta en una desventaja competitiva de primer orden y en un incremento absurdo del coste de hacer negocios en nuestro país, y además, tiene tradición y hasta incentivos para llevar a cabo su función sancionadora. Pero de ahí a prohibir el uso de herramientas como si fuese la Santa Inquisición Española, me parece que va un trecho importante. Como dice textualmente en su aclaración, “la AEPD no ha dado ningún ultimátum a las empresas españolas”, y “las acciones de la Agencia no están orientadas a la prohibición de utilizar herramientas concretas”. La AEPD, sencillamente, no se dedica a eso. 

De acuerdo, los Estados Unidos han perdido su estatus de puerto seguro para la transmisión de datos, y lo han hecho por razones que entran dentro de la lógica: han demostrado ser auténticos irresponsables a la hora de garantizar la privacidad de los ciudadanos no norteamericanos. Hablamos de ello en su momento, y era evidente que iba a tener algunas consecuencias. Fundamentalmente, eso quiere decir que no debemos tener ficheros con datos de clientes en herramientas que lleven a cabo una exportación de los mismos. Que aquellos ficheros que hayamos depositado con la AEPD, por tanto, deberán estar seguros dentro de las fronteras de la Unión Europea, y por tanto, no ser exportados a servidores norteamericanos. Además, hay algunas herramientas que, por el momento, no han llevado a cabo ningún anuncio relacionado con la compliance , o cumplimiento, de la nueva norma. No han avisado a sus usuarios de si son capaces de llevar a cabo sus actividades mediante servidores situados en la Unión Europea, por ejemplo. Por tanto, si pasado el plazo correspondiente, la AEPD fuese capaz de demostrar que estamos exportando datos de nuestros clientes a un país considerado como puerto no seguro, podríamos tener un problema.

De ahí a que “se prohiba” el uso de Dropbox y Google Apps va, entiendo, un largo trecho. Por un lado, muchas empresas utilizan Google Apps o Dropbox para el desarrollo de su actividad en tareas que nada tienen que ver con el tratamiento de los datos de sus clientes, con documentos que no son bases de datos ni incluyen información sobre clientes específicos. Simplemente, para trabajar documentos en grupo, para acceder a ellos desde cualquier lugar o dispositivo, etc. Que la AEPD fuese a desarrollar los procedimientos necesarios para intentar demostrar si los documentos que una empresa maneja en Dropbox o en Google Apps contienen o no información de clientes me parecería harto complejo, y además, poco operativo. La verdad, no lo veo, y si ocurre, querría decir que alguien en la AEPD se habría vuelto completamente loco.

Por otro lado, existe la posibilidad de solicitar a estas compañías que, si no quieren que interrumpamos nuestra actividad con ellos, garanticen que el almacenamiento de nuestros datos tiene lugar en suelo europeo. Es complicado, pero no imposible: BBVA, por ejemplo, es uno de los mayores clientes de Google Apps, y tiene aparentemente negociado ese acuerdo desde la firma del contrato. Si herramientas como Dropbox, Google Apps y otras empiezan a encontrarse problemas de ese tipo que, al menos en teoría, podrían llegar a convertirlos en irrelevantes en un mercado como el europeo, lo racional sería pensar que desarrollarían algún tipo de procedimiento para poder continuar con su actividad sin problemas. Nadie se enfrenta sin hacer nada a la pérdida de un mercado estratégico.

Anunciar que “se prohibe el uso” de algo y hablar de “ultimátum” me parece sensacionalista, y dudo muy sinceramente que la AEPD haya utilizado esos términos con nadie. Si herramientas en la nube como Dropbox o Google Apps forman parte habitual de nuestros procesos de negocio, sería interesante ponerse en contacto con ellos y preguntarles si van a hacer algo que permita demostrar que su uso es seguro para sus usuarios desde suelo europeo. El caso de Google Analytics o Google Adsense me parece bastante más traído por los pelos: sí, hay algo de información de los usuarios, pero ¿realmente nos imaginamos a la AEPD multándonos porque mantenemos una base de datos con direcciones IP o datos de los ordenadores de quienes visitan nuestra página? El caso de MailChimp podría llegar a ser más complejo por su propia naturaleza (usa listas de direcciones de correo electrónico para llevar a cabo envíos de newsletters y otras comunicaciones), pero aún así, sería cuestión de preguntar a la propia MailChimp si va a hacer algo al respecto, o consultar con la AEPD, que no iniciaría una cadena de multas sin haber notificado antes oficialmente de manera directa la cuestión. Y ya herramientas como “Facebook, Flickr, Instagram e incluso Twitter” que menciona la noticia… sería ya directamente demencial. Si las empresas españolas, de la noche a la mañana, son sistemáticamente excluidas del uso de todas esas herramientas, estaríamos hablando de una debacle y de un problema de pérdida de competitividad importante, de prácticamente volver a la Edad de Piedra, mucho más de lo que la AEPD podría afrontar con una medida. Hablaríamos literalmente de matar moscas a cañonazos, de un absurdo desde todos los puntos de vista. 

La noticia sigue en El Confidencial, y por el momento, no ha sido enmendada ni con la aclaración de la AEPD ni con ningún otro comentario. Como comentábamos, un uso irresponsable de los titulares, y una interpretación ya no exagerada, sino exageradísima de una información.

No, no te creas todo lo que leas en la prensa.

 

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Schadenfreude

 

Schadenfreude definitionSin duda, es una bonita palabra: dentro de la peculiar sonoridad del idioma alemán, se diría hasta que suena “armoniosa, como el trabajo en una fragua a martillazos sobre el yunque”.

Hoy es el día en el que José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, se sienta en el banquillo ante la Audiencia Nacional para responder por una trama de corrupción presuntamente desarrollada durante muchos años en el seno de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por la que ya ha habido otras diligencias previas que afectaron a directivos de la misma tan notorios como Eduardo “Teddy” Bautista. Y unos cuántos más que deberían caer dentro de esa misma industria y de las empresas relacionadas con ella.

Schadenfreude aparte, lo importante es que no olvidemos. Que tengamos muy claro en nuestra cabeza que la sociedad que de manera exclusiva y designada por el gobierno tenía una función tan importante como la de recaudar la parte correspondiente a los autores del dinero generado por otras actividades mediante una explotación directa de sus obras se dedicó, durante muchos años, a robar. Así, directamente y sin eufemismos: a ROBAR. A robar a los autores y a robar a toda la sociedad, mientras por otro lado se dedicaban a recriminar a esa misma sociedad otra serie de cuestiones que simplemente respondían a un desajuste de mercado, a una clamorosa falta de oferta. Nos descargamos obras cuando quien debería ofrecérnoslas renuncia a hacerlo en una manera que nos ofrezca un nivel de conveniencia adecuado a un precio que estimemos razonable, como de hecho se ha demostrado con el tiempo a medida que aquellos países en los que se desarrolla la oferta regular va disminuyendo el nivel de acceso a esos productos culturales mediante canales irregulares. Las descargas eran simplemente un mecanismo de mercado, sin más importancia que la meramente coyuntural. Lo suyo no era eso: era (presuntamente) un ROBO, eran personas llevándoselo crudo, diseñando mecanismos para repartirse lo que no les correspondía, estableciendo sistemas abusivos para poder beneficiar a sus amigos con prebendas de todo tipo. Una caterva de delincuentes organizados con un entramado societario pensado no para optimizar el reparto a los autores, sino para extraer dinero irregularmente. Todo ello mientras, con la anuencia del gobierno de turno, se dedicaban a insultar a los ciudadanos y a reclamar un endurecimiento de las leyes para poder criminalizar actos que no eran en absoluto criminales (y mucho menos comparados con los suyos).

A ver si alguien se decide a reformar todo esto como debe ser. A implantar la necesaria transparencia en un mecanismo importantísimo – los autores deben ser compensados por todo uso lucrativo que un tercero haga de sus obras, salvo cuando expresamente renuncien a ello – pero que ha sido pervertido hasta la extenuación. Mientras tanto, disfrutemos de la schadenfreude como disfrutamos aquel mítico 1 de julio de 2011. Y que no haya paz para los malvados – pero para los malvados de verdad.

 

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Nos roban el sol

IMAGE: iimages - 123RFLa entrada en vigor del impuesto al sol en España, una tasa abiertamente diseñada para desincentivar el uso de la generación distribuida de electricidad mediante instalaciones de placas solares en los hogares, demuestra de manera palmaria la vocación del gobierno español por proteger a las empresas de generación de electricidad, convertidas en este país en un auténtico cementerio de elefantes para políticos.

La ley es un auténtico ejercicio de prevaricación, en su definición literal del Diccionario de la Real Academia Española: “delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”. Mientras todos los países civilizados se afanan por incentivar, en muchos casos con exenciones de impuestos a su instalación, el desarrollo de la generación distribuida, en España, uno de los países con mejores condiciones para ello, el gobierno intenta por todos los medios evitar que los techos de sus hogares se llenen de placas solares. Llevada por la ley de Swanson, la energía solar y la generación distribuida se están convirtiendo en la gran esperanza de una energía renovable, barata y sostenible en todos los países del mundo. La descentralización de la generación es una tendencia mundial, las placas solares proliferan en los tejados de las casas de todo el mundo, y que sea así tiene todo el sentido. Salvo en España. En uno de los países con mejores condiciones para ello, un gobierno corrupto se dedica a desincentivar esa tendencia.

El sentido de la ley es tan inexplicable y tan arbitrario, que no deja lugar a la especulación. Se controlan todos los posibles factores: por un lado, se tasa la generación de electricidad. Por otro, se fija en cero el precio de la eventual energía excedentaria que se podría inyectar en la red. Y por otro, se tasan también las baterías acumuladoras, una solución que en muchos países se está precisamente incentivando con el fin de evitar la concentración de los picos de oferta o demanda en determinadas horas del día.

La idea de que “el autoconsumidor pueda beneficiarse del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad” es completamente absurda: el autoconsumidor financia el sistema pagando por la electricidad que utiliza, lo que convierte en una doble imposición el hecho de que tenga también que contribuir a esa  financiación cuando no lo utiliza. La redundancia es tan clara y tan evidente, que solo cabe pensar que el ministro Soria nos está tomando por idiotas. El cargo por autoconsumo para “cubrir los servicios de balance necesarios en el mercado de producción”, cuando en España ese balance es completamente innecesario porque el desarrollo de la autogeneración es aún sumamente escaso, es todo un ejemplo de pre-legislación: vamos a crear una ley “por si acaso en algún momento hubiese que incurrir en algún coste”. Sencillamente demencial. Asimismo, pretender que todos los ciudadanos tenemos que financiar el déficit de tarifa, cuando si una persona decide no utilizar electricidad a partir de ahora, no tendría que hacerlo, es completamente absurdo: ¿por qué debe financiar el déficit de tarifa alguien que genera su propia electricidad, si alguien que no utiliza electricidad no tiene que hacerlo? Todo en esta ley es propio de una antología del disparate. Pero una antología del disparate que drena tu bolsillo y llena el de otros, como ocurre en todos los esquemas de corrupción.

La revista Forbes, en el año 2013, ya se mofó de las pretensiones del gobierno español, tachando el impuesto de absurdo y completamente arbitrario. Ahora, ya lo tenemos encima, ya es ley. Un gobierno agotado que ya ni se preocupa por ocultar las evidencias de corrupción ha consumado un abuso que desincentiva la generación distribuida, auténtica tendencia de futuro, en el país que más podría beneficiarse de ella. Una ley que debería ser derogada en cuanto un gobierno decente tenga la primera oportunidad de hacerlo.

Es más que posible que el próximo día 20 de diciembre esté nublado. Pero cuando vayas a votar, además de otras muchas cosas, acuérdate del sol.

 

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