Category Archives: Justice

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Entornos digitales y legislación

IMAGEN: Thomas Reichhart - 123RFMi columna de El Español de esta semana se titula “Convenio de Ginebra digital“, y reflexiona sobre la idea introducida por el presidente de Microsoft, Brad Smith, de crear una nueva versión del conocido Convenio de Ginebra para el derecho internacional humanitario, revisado y ampliado ya en tres ocasiones tras su primera versión, para intentar detener la escalada en el creciente uso del state-sponsored hacking, el uso de la red para tratar de espiar a las administraciones de otros países o de atacar y dañar sus infraestructuras críticas

Siempre he sido muy crítico con la tendencia a la hiperlegislación, el intento de reescribir las leyes para supuestamente adaptarlas al nuevo contexto que supone internet. Internet no requiere nuevas leyes ni leyes especiales, requiere simplemente que los jueces tengan la flexibilidad suficiente como para interpretar lo que es delito o no lo es en un entorno diferente. La mejor manera de analizar cualquier acción presuntamente punible en internet es retirar internet del escenario y plantearse cómo la juzgaríamos si se hubiese producido fuera de internet. Un robo es un robo, sea en internet o fuera de él, una difamación es una difamación en la red o en la calle, y un ataque a un país lo es independientemente de que se produzca a través de internet o mediante un espía con gabardina y gafas oscuras. Por eso, la idea de no promover leyes como tales, sino foros de discusión en los que se llame a las cosas por su nombre y se aíslen los problemas me resulta sensiblemente más atractiva que la idea de dictar nuevas leyes a diestro y siniestro cuando las que existían ya eran claramente suficientes y respondían a un consenso social obtenido a lo largo de mucho tiempo.

Uno de los principales problemas de internet es el hecho de que en toda innovación surgen, de manera generalmente muy rápida, un conjunto de aprovechados, malintencionados o directamente delincuentes que intentan extraer un provecho ilícito de las características del nuevo entorno. Habitualmente, la respuesta de la ley en este sentido es lenta e ineficiente, y suele serlo mucho más en los países que provienen de la civil law frente a las que tienen su base en la common law, que se apoya en los casos precedentes y que, por tanto, tiende a tener una flexibilidad y adaptabilidad muy superior. Cuando la actuación de personas que retuercen el nuevo entorno para obtener un beneficio ilícito, llámense dialers, spammers, scammers, phishersladrones de identidad, domainers o lo que sea, se convierte en un desincentivo a la difusión de la innovación, la ley tiene que actuar de manera rápida y decisiva, y poner coto a esos abusos de manera inmediata sin que el hecho de que el delito se produzca en internet tenga ningún tipo de influencia sobre su condición de delito. El hecho de que estemos viviendo auténticos episodios de guerra entre países por el espionaje y los ciberataques a través de la red y la comunidad internacional no esté haciendo nada por tipificar y definir este tipo de cuestiones, deslindando claramente lo que son y separándolos de las posibles zonas grises, tiene mucho que ver con lo que ocurre en ese otro ámbito, en el de la definición de los delitos de otros tipos.

¿Necesitamos reeditar el Convenio de Ginebra para adaptarlo al entorno digital? No lo sé. El contexto de las relaciones internacionales tiene una regulación muy compleja e indudablemente enrevesada, pero tener determinadas definiciones por escrito en un documento que provenga de un consenso general y que pueda ser invocado, o utilizado eventualmente como herramienta sancionadora, posiblemente no viniese nada mal. Y de paso, repensar la lentitud con la que la justicia, en general, tiende a adaptarse a los nuevos entornos definidos por la tecnología, y lo que nos termina costando que eso sea así.

 

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El problema de los jueces cavernícolas e irresponsables

IMAGE: Anton Brand - 123RFUn juez brasileño ordena a los proveedores de telecomunicaciones del país interrumpir el servicio de WhatsApp, utilizado por más de cien millones de personas, y deniega posteriormente la apelación de la compañía ante lo evidentemente desproporcionado de la medida. ¿Las razones para el bloqueo? La negativa de la compañía a facilitar datos sobre conversaciones de usuarios presuntamente implicados en delitos de tráfico de drogas. ¿El problema? Que desde la puesta en marcha del cifrado de extremo a extremo de sus conversaciones, la compañía simplemente no puede suministrar detalles de esas conversaciones, porque sencillamente no es capaz de acceder a ellas: no solo están cifrados, sino que ni siquiera son almacenados en los servidores de la compañía

La medida proviene del mismo juez, Marcel Maia Montalvão, que el pasado día 1 de marzo ordenó el arresto del máximo ejecutivo de Facebook, propietario de WhatsApp, por la misma causa: no facilitar datos de cuentas investigadas por delitos relacionados con tráfico de drogas. Todo indica que la actual prohibición del uso de WhatsApp sería parte de este mismo caso. Obviamente, el juez manifiesta no solo una obsesión enfermiza con la compañía que afecta gravemente a su capacidad para impartir justicia, sino que además exhibe una desmesura, una irresponsabilidad y una incapacidad para entender el funcionamiento de las herramientas que debería claramente llevarle a ser retirado de sus funciones.

El caso es, claramente, una muestra del problema que suponen los jueces “de gatillo fácil” cuando se pronuncian sobre casos relacionados con entornos tecnológicos complejos. La incapacidad para entender los detalles del funcionamiento una tecnología pueden hacer que un juez crea que, en efecto, una compañía se está escudando en un argumento débil para evitar colaborar con la justicia, y dispare desde la cintura cuando, en realidad, lo único que está manifestando es, como en este caso, la incapacidad de la compañía para suministrar unos datos que no posee. En estos casos resulta patente la necesidad de asesorar al juez, pero ¿y si este se niega a dejarse asesorar, y prefiere actuar de una manera tan contundente como impidiendo el derecho a comunicarse de cien millones de personas? ¿A alguien se le ocurre pensar qué ocurriría si un juez decretase la prohibición de utilizar el teléfono en un país? Dado el estado de difusión y el nivel de uso de WhatsApp en este momento en un país como Brasil, prohibir su uso e impedirlo por la vía de los hechos amenazando a las operadoras con una multa de $142,000 al día supone prácticamente lo mismo, eliminar un canal de comunicación ampliamente utilizado por una gran parte de la población del país.

Mantener a los jueces razonablemente educados con respecto a los cambios del entorno es cada día una responsabilidad más acuciante del poder judicial. Para un juez, “venirse arriba” ordenando un bloqueo a nivel nacional de una herramienta popular tendría que entenderse no como una medida de presión a la compañía ni como una manifestación de su autoridad, sino como un problema grave en su raciocinio, un problema de desfase con los tiempos en los que vive, un anacronismo absurdo más digno de un mal chiste que de una situación real. Se supone que la sociedad confía a sus jueces la capacidad de administrar justicia a la hora de resolver una controversia o decidir el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio. ¿Puede llevarse a cabo esa importantísima responsabilidad cuando se evidencia una total y absoluta ignorancia sobre el mundo en que vivimos, o una profunda animadversión hacia una persona o compañía determinada? ¿No deberían interpretarse este tipo de actitudes tan profundamente desmesuradas como prueba de una evidente incapacidad para impartir justicia en el entorno actual, y actuarse en consecuencia mediante un procedimiento de revisión rápida y proporcionando al juez en cuestión la oportunidad de reciclarse asistiendo a los cursos adecuados? ¿Qué nos hace pensar que la formación continua y el reciclaje de los jueces es menos importante que el de otros actores sociales que sí lo llevan a cabo? 

Cien millones de personas privadas de su canal de comunicación favorito, porque un juez quiere obligar a una compañía a hacer algo que técnicamente es incapaz de hacer. ¿Qué hacer cuando la justicia deja de ser justicia y se convierte en un mal chiste?

 

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Schadenfreude

 

Schadenfreude definitionSin duda, es una bonita palabra: dentro de la peculiar sonoridad del idioma alemán, se diría hasta que suena “armoniosa, como el trabajo en una fragua a martillazos sobre el yunque”.

Hoy es el día en el que José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, se sienta en el banquillo ante la Audiencia Nacional para responder por una trama de corrupción presuntamente desarrollada durante muchos años en el seno de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por la que ya ha habido otras diligencias previas que afectaron a directivos de la misma tan notorios como Eduardo “Teddy” Bautista. Y unos cuántos más que deberían caer dentro de esa misma industria y de las empresas relacionadas con ella.

Schadenfreude aparte, lo importante es que no olvidemos. Que tengamos muy claro en nuestra cabeza que la sociedad que de manera exclusiva y designada por el gobierno tenía una función tan importante como la de recaudar la parte correspondiente a los autores del dinero generado por otras actividades mediante una explotación directa de sus obras se dedicó, durante muchos años, a robar. Así, directamente y sin eufemismos: a ROBAR. A robar a los autores y a robar a toda la sociedad, mientras por otro lado se dedicaban a recriminar a esa misma sociedad otra serie de cuestiones que simplemente respondían a un desajuste de mercado, a una clamorosa falta de oferta. Nos descargamos obras cuando quien debería ofrecérnoslas renuncia a hacerlo en una manera que nos ofrezca un nivel de conveniencia adecuado a un precio que estimemos razonable, como de hecho se ha demostrado con el tiempo a medida que aquellos países en los que se desarrolla la oferta regular va disminuyendo el nivel de acceso a esos productos culturales mediante canales irregulares. Las descargas eran simplemente un mecanismo de mercado, sin más importancia que la meramente coyuntural. Lo suyo no era eso: era (presuntamente) un ROBO, eran personas llevándoselo crudo, diseñando mecanismos para repartirse lo que no les correspondía, estableciendo sistemas abusivos para poder beneficiar a sus amigos con prebendas de todo tipo. Una caterva de delincuentes organizados con un entramado societario pensado no para optimizar el reparto a los autores, sino para extraer dinero irregularmente. Todo ello mientras, con la anuencia del gobierno de turno, se dedicaban a insultar a los ciudadanos y a reclamar un endurecimiento de las leyes para poder criminalizar actos que no eran en absoluto criminales (y mucho menos comparados con los suyos).

A ver si alguien se decide a reformar todo esto como debe ser. A implantar la necesaria transparencia en un mecanismo importantísimo – los autores deben ser compensados por todo uso lucrativo que un tercero haga de sus obras, salvo cuando expresamente renuncien a ello – pero que ha sido pervertido hasta la extenuación. Mientras tanto, disfrutemos de la schadenfreude como disfrutamos aquel mítico 1 de julio de 2011. Y que no haya paz para los malvados – pero para los malvados de verdad.

 

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Bloquear la publicidad es una opción lícita

Ad blockerUno de los casos pendientes que despertaba más atención en el mundo de la publicidad, la denuncia de dos editores alemanes, Zeit Online y Handelsblatt, presentada en el tribunal regional de Hamburgo contra AdBlock Plus,  acaba de caer del lado del demandado: el tribunal da la razón a AdBlock Plus y afirma que el bloqueo de anuncios es perfectamente legal, que los usuarios tienen la libertad de bloquear anuncios molestos, de proteger su privacidad y, por extensión, ser capaces de determinar su experiencia en la web.

El veredicto se sustenta en un lógico derecho inalienable de autodeterminación de los usuarios de la red, y supone un varapalo para las compañías que afirmaban estar sufriendo un importante perjuicio económico derivado del uso del software que la compañía ofrece. La conclusión es muy clara: si no quieres ser perjudicado, respeta a tus usuarios en lugar de atacarlos con formatos intrusivos y molestos.

Lógicamente, este veredicto, que ha tardado cuatro meses, es tan solo el principio. Además de que muy probablemente será apelado, no es el único caso al que se enfrenta la compañía: algunas compañias de publicidad la han denunciado también en un tribunal de Munich , y se enfrenta también a otro posible juicio en Francia por parte de los editores. La batalla promete ser larga: AdBlock Plus es no solo el principal proveedor de software para el bloqueo de anuncios en páginas web, sino también decididamente el que más ha desarrollado el modelo de negocio asociado con ello, lo que le ha valido acusaciones de chantaje por parte de algunas compañías. La compañía mantiene un registro de anunciantes y páginas web que llevan a cabo lo que considera “publicidad aceptable“, y solicita dinero a las compañías con el fin de eliminarlas de su lista de bloqueo si aceptan utilizar solo esos formatos, un dinero que cubre los gastos de supervisión de esa publicidad pero que también constituye la principal fuente de financiación de la compañía – otros proveedores, como AdBlock, se financian únicamente mediante donaciones de sus usuarios. Si la compañía accede, esos anuncios pasan el filtro y son expuestos a los usuarios, que en cualquier caso pueden optar por bloquear esos anuncios si específicamente deciden hacerlo.

Pero más allá de las decisiones judiciales, está la lógica: incluso aunque las empresas editoras o las de marketing consiguiesen triunfar en los tribunales, el software de AdBlock Plus es de código abierto, lo que lleva a que se pueda acceder a él incluso aunque la compañía desaparezca o se establezcan medidas que la impidan seguir con su actividad. El hipotético escenario de gestión de ese tipo de software sin una compañía detrás resulta caótico: llevados por el ruido mediático, más usuarios instalarían ese software en sus navegadores, y optarían por gestionar sus listas de bloqueo ellos mismos, dando lugar a un esquema no centralizado y posiblemente peor en términos de grados de libertad para una hipotética gestión. Como en otras ocasiones, la del bloqueo de publicidad es una batalla que no se puede ganar: lo único que se puede hacer a medio plazo es dar la razón a los usuarios y optar por modelos publicitarios que no resulten agresivos o molestos. Todo lo demás, empeñarse en llevar el tema a los tribunales, fantasear con la posibilidad de bloquear el software a otros niveles o pensar en perseguir a los usuarios son soluciones que nunca van a funcionar. Sin embargo, seguiremos viendo intentos por judicializar el tema y por empeñarse en no seguir la lógica de la red.

Al menos el de hoy es un paso en el sentido correcto. Veremos lo que dura.

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